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de AA.VV
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Han pasado quince años desde la primera edición de esta obra. Ante la excelente acogida que tuvo y la conveniencia de una actualización dadas las sucesivas reformas que han ido sucediéndose y que afectaban, aunque no sustancialmente, a muchos de los temas tratados en ella, los autores nos hemos planteado varias veces una nueva edición. Otras tantas veces hemos desechado la idea ante lo que ha sido una constante de los últimos treinta años en el panorama procesal penal español: la inminencia de una ley procesal de nueva planta llamada a sustituir la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ante eso se hacía aconsejable postergar el propósito actualizador para trabajar ya directamente sobre el nuevo modelo de proceso penal. Después de tantos anuncios incumplidos, algunos de ellos con forma de disposición legal (disposición final cuarta de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado), cuesta disimular un cierto escepticismo ante la enésima promesa de definitivo abordaje de la esperada reforma global del proceso penal. El tiempo ha diluido esa excusa y la última reforma procesal nos ha hecho sentirnos obligados a afrontar esa tarea de actualización de estas páginas tantas veces postergada.
En esta segunda edición hemos contado con la valiosa contribución de otros autores que han ayudado a actualizar algunos capítulos en la forma que se indica en el texto. No son cómplices. Ni siquiera cooperadores necesarios. Son auténticos co-autores con una coautoría que cabría calificar de sucesiva, pero tan relevante como la simultánea. No menos trascendencia causal ha tenido para que vea la luz esta segunda edición el persistente e inasequible al desaliento estímulo de Miguel Ángel del Arco, Director de Publicaciones de la Editorial. Esa provocación se ha convertido ya en inducción. A él también nuestro agradecimiento.
Se ha incluido un nuevo apartado que se echaba de menos en la primera edición, según nos hicieron notar algunos lectores, donde se estudian pormenorizadamente las causas de suspensión del juicio oral. Se ha considerado también oportuno y nada distorsionador añadir unas consideraciones sobre los informes orales de tono menos académico que las vertidas en la primera edición, que se mantienen debidamente remozadas. Igualmente se abre en su lugar sistemático natural un apartado específico para recoger las singularidades del interrogatorio del tercero responsable civil. La novedosa introducción en nuestro ordenamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas obligaba a un análisis específico al que se dedica el último capítulo.
Ojalá que estas páginas resulten inservibles en poco tiempo. Será señal de que en efecto el legislador da respuesta por fin a esa vieja aspiración de una nueva legislación procesal penal. Mientras tanto nuestro deseo es que su lectura pueda aportar alguna utilidad a quienes desde las distintas posiciones —abogado, fiscal, juez— han de desenvolver parte de su tarea profesional en las salas de justicia penal, en ese acto cumbre del proceso que es el juicio oral.
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