¿Necesitas ayuda? Llámanos al 967 225 863
de LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, ENRIQUE
de LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, ENRIQUE
El formidable impacto en los sistemas de salud, en la economía y en la sociedad de la pandemia de COVID-l 9 ha tenido, también, una importante dimensión constitucional, ya que ha puesto a prueba al Estado social y democrático de Derecho y al Estado autonómico. Asimismo, ha llevado al primer plano el derecho a la protección de la salud, como un derecho autónomo, que, sin perjuicio de su estrecha vinculación con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal o la intimidad, deba ver reconocido en la norma constitucional un contenido mínimo propio e inderogable.
En ese contexto, la vacunación ha adquirido, igualmente, un nuevo significado. Así, aun cuando la administración de las vacunas contra la COVID-19 ha alcanzado un altísimo porcentaje sin necesidad de que se impusiera su obligatoriedad, la carencia de una regulación completa y clara al respecto exige preguntarse sobre los supuestos, requisitos y condiciones que habrían de concurrir para establecerla con ese carácter si fuera imprescindible. Una reflexión que ha de hacerse a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la legislación de excepción, la reserva de ley orgánica y la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
0 valoraciones
